En una declaración en vísperas de la Jornada Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, señala que “desfinanciar las obras, demorar la ayuda o relegarlas» de quienes trataban en la prevención y la recuperación de los adictos «es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.
La Iglesia dice que el Estado se retiró de los barrios populares y advierte que ello «abre paso al avance del narcotráfico»
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