El máximo tribunal ordenó el pago de más de $24 millones a abogados intervinientes en una demanda sindical contra normas que obligaban a docentes a renunciar a cargos. El fallo subraya la complejidad de un proceso sin reclamo económico directo.
La Corte Suprema fija honorarios millonarios en un caso histórico por la estabilidad docente en La Rioja
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